Paul Tepper, asesor especial de la EFF, y Michael Rubio, becario de la EFF, han contribuido a la investigación de este informe. 

El verano pasado, las autoridades del estado de Chihuahua y un conocido contratista de seguridad mexicano pusieron la primera piedra de la Torre Centinela, un ominoso rascacielos de 20 pisos en el centro de Ciudad Juárez que servirá como nodo central de un nuevo régimen de vigilancia mejorado por inteligencia artificial. Con tentáculos que se extienden a 13 ciudades mexicanas y un conducto de datos que canalizará la inteligencia hasta Austin (Texas), el monstruoso proyecto no se parecerá a nada que se haya visto antes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.  

Y eso es mucho decir, teniendo en cuenta los más de 30 últimos años de aumento de la tecnología en el lado estadounidense de la frontera.

La Torre Centinela se levantará en un antiguo aparcamiento junto a la famosa plaza de toros de la ciudad, a escasos 800 metros al sur del lugar donde migrantes y solicitantes de asilo han acampado y protestado en el puente internacional Paso del Norte que conduce a El Paso. Pero su alcance va mucho más allá: la Torre Centinela es sólo una pieza de la Plataforma Centinela, una agresiva estrategia de nuevas tecnologías desarrollada por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) de Chihuahua en colaboración con la empresa Seguritech.

Con su extensa infraestructura, la Plataforma Centinela creará una atmósfera de vigilancia y flujo de datos que cubrirá toda la región. El plan contempla casi todos los sistemas tecnológicos de vanguardia comercializados para las fuerzas de seguridad: 10.000 cámaras de vigilancia, reconocimiento facial, reconocimiento automático de matrículas, análisis de la delincuencia en tiempo real, una flota de vehículos móviles de vigilancia, equipos de drones y contra-drones, etc.  

Si el proyecto se lleva a cabo tal como se anuncia en un tráiler al estilo de Los Vengadores que la SSPE difundió para influir en la opinión pública, el personal de las fuerzas del orden estará rodeado de monitores de pared a pared (140 metros de pantallas por planta), mientras que 2.000 agentes sobre el terreno podrán acceder a información de inteligencia en directo a través de tabletas portátiles.

Las fuerzas de seguridad de Texas también tendrán "ojos en este lado de la frontera" a través de la Plataforma Centinela, según declaró públicamente el año pasado la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. El Gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó un memorando de entendimiento que confirma la asociación.

La Plataforma Centinela transformará la vida pública y amenazará los derechos humanos en las zonas fronterizas en formas que no son fáciles de evaluar. Los periódicos regionales y los defensores locales -especialmente Norte Digital y el Frente Político Ciudadano para la Defensa de los Derechos Humanos (FPCDDH)- han planteado importantes preocupaciones sobre el proyecto, señalando una baja probabilidad de éxito y un alto potencial de despilfarro y abuso.  

"Es un enfoque miope de la seguridad; se pone todo el énfasis en la prevención situacional, mientras que no se atienden las causas sociales del delito y la violencia", dice a EFF Víctor M. Quintana, analista y miembro de la FPCDDH, quien señala que el presupuesto de la Plataforma Centinela es significativamente mayor al que el Estado destina a servicios sociales. "No hay estrategias para la prevención de adicciones, ni para reconstruir el tejido social, ni para atender la deserción escolar o a los jóvenes en riesgo, que son causas sociales de la inseguridad."  

En lugar de facilitar el acceso a información no filtrada sobre el proyecto, el Estado de Chihuahua ha lanzado un bombardeo de relaciones públicas. Además de las conferencias de prensa y el tráiler cinematográfico de alta producción, la SSPE organizó recientemente un "Pabellón Centinel" en el que se invitó al público a ver un muro de cámaras y drones, mientras los niños jugaban con pistolas de paintball, conducían un todoterreno de juguete por una ciudad en miniatura y coloreaban ilustraciones de un operador de centros de datos.

Detrás de esa cortina de humo, los funcionarios estatales están haciendo casi todo lo posible por controlar la narrativa en torno al proyecto y evitar el escrutinio público.

Según informes de prensa, la SSPE y la Secretaría de Hacienda han considerado simultáneamente que la mayor parte de la información sobre el proyecto es clasificada y han dejado sin respuesta docenas de solicitudes de registros públicos. El Congreso del Estado de Chihuahua también rechazó una propuesta para desclasificar formalmente los documentos y obstaculizó otras medidas de supervisión, incluida una auditoría propuesta. Mientras tanto, EFF ha presentado solicitudes de registros públicos a varias agencias de Texas y todas han afirmado que no tienen registros relacionados con la Plataforma Centinela.  

Esto es aún más preocupante si se tiene en cuenta la relación entre el Estado y Seguritech, una empresa cuyas prácticas empresariales en otras 22 jurisdicciones han sido cuestionadas por funcionarios públicos.

De lo que podemos estar seguros es de que el proyecto de la Plataforma Centinela puede servir como prueba de concepto del tipo de vigilancia panóptica que los gobiernos pueden llevar a cabo tanto en Norteamérica como en Latinoamérica.

¿Qué es la Plataforma Centinela?

Los centros de vigilancia de alta tecnología no son un fenómeno nuevo en el lado mexicano de la frontera. Estas instalaciones tienden a utilizar distinciones "C" para explicar sus funciones y propósitos. La EFF ha cartografiado docenas de ellos en los seis estados fronterizos mexicanos. 

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Entre ellas figuran:

• C4 (Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando),
• C5 (Centro de Coordinación Integral, de Control, Mando, Comunicaciones y Cómputo del Estado),
• C5i (Centro de Control, Mando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia),

Normalmente, estos centros se centran como un cruce entre un centro de llamadas al 911 y un centro de delincuencia en tiempo real, con operadores que gestionan las llamadas de emergencia, analizan los datos sobre delincuencia y controlan una red de cámaras de vigilancia a través de un banco mural de monitores. En algunos casos, las C pueden presentarse en distinto orden o representar palabras ligeramente diferentes. Por ejemplo, algunos C5 pueden significar alternativamente "Centros de Mando, Control, Comunicación, Cómputo y Calidad". Estas instalaciones también existen en otras partes de México. El número de C suele indicar escala y responsabilidades, pero en la mayoría de los casos parece tratarse de una designación política o de marketing.

La Plataforma Centinela, sin embargo, va mucho más allá del alcance de los proyectos anteriores y, de hecho, se conocerá como el primer C7 (Centro de Mando, Cómputo, Control, Coordinación, Contacto Ciudadano, Calidad, Comunicaciones e Inteligencia Artificial). La Torre Centinela de Ciudad Juárez servirá como centro neurálgico, con más de una docena de subcentros en todo el estado.

Según las estadísticas que la Gobernadora Campos reveló como parte de las negociaciones con Texas y los informes de prensa, la Plataforma Centinela incluirá:

• 1.791 lectores automáticos de matrículas. Se trata de cámaras que fotografían los vehículos y sus matrículas y, a continuación, cargan esos datos, junto con la hora y el lugar en que fueron vistos, en una base de datos de búsqueda masiva. Las fuerzas de seguridad también pueden crear listas de matrículas para rastrear vehículos concretos y recibir alertas cuando los ven.
• 4.800 cámaras fijas. Se trata de cámaras corrientes, colocadas para vigilar permanentemente un lugar concreto desde un solo ángulo.
• 3.065 cámaras PTZ. Se trata de cámaras más sofisticadas. Aunque están fijadas a un lugar concreto, como una farola o un poste telefónico, estas cámaras pueden controlarse a distancia. Un operador puede girar la cámara 360 grados y hacer zoom sobre los objetos.
• 2.000 tabletas. Los agentes sobre el terreno recibirán dispositivos portátiles para acceder a los datos directamente desde la Plataforma Centinela.
• 102 arcos de seguridad. Se trata de una forma habitual de vigilancia en México, pero no en Estados Unidos. Se trata de estructuras construidas sobre autopistas y carreteras para captar datos sobre los vehículos que pasan y sus pasajeros.
• 74 drones (vehículos aéreos no tripulados/UAV). Aunque el gobierno de Chihuahua no ha revelado qué carga útil de vigilancia llevarán estos drones, es habitual que los drones de las fuerzas de seguridad utilicen tecnología de vídeo, infrarrojos e imágenes térmicas.
• 40 remolques móviles de videovigilancia. Aunque no se dispone de muchos detalles sobre estos sistemas, es probable que se trate de torres de cámaras que pueden remolcarse y estacionarse en lugares específicos.
• 15 sistemas antidrones. Estos sistemas están diseñados para interceptar e inutilizar drones operados por organizaciones delictivas.
• Reconocimiento facial. El proyecto prevé la aplicación de "filtros biométricos" a las imágenes de las cámaras "para ayudar a capturar a los líderes de los cárteles", así como la recogida de datos biométricos de los inmigrantes. Un sistema de este tipo requeriría escanear los rostros del público en general.
• Inteligencia artificial. Hasta ahora, la administración ha utilizado el término IA sin explicar plenamente cómo se utilizará. Sin embargo, los organismos encargados de hacer cumplir la ley han utilizado normalmente esta tecnología para "predecir" dónde podría producirse un delito, identificar a las personas con más probabilidades de estar relacionadas con él y sacar a la luz posibles conexiones entre sospechosos que no habrían sido obvias para un observador humano. Sin embargo, todas estas tecnologías son propensas a cometer errores o a exacerbar los prejuicios existentes.

En mayo se había instalado el 60% de la red de cámaras de la Plataforma Centinela, con una fecha de finalización prevista para diciembre, según Norte Digital. Sin embargo, las cámaras ya se estaban utilizando en investigaciones criminales.

En conjunto, esta tecnología equivale a una expansión sin precedentes del estado de vigilancia en América Latina, como alardea la SSPE en su material promocional. La amenaza a la privacidad también puede no tener precedentes: la creación de ciudades en las que las personas ya no puedan moverse libremente por sus comunidades sin ser vigiladas, escaneadas y etiquetadas.

Pero eso suponiendo que el sistema funcione como se anuncia, lo cual, a juzgar por el historial del contratista principal, no está nada garantizado.

¿Quién es Seguritech?

El proyecto Plataforma Centinela está siendo construido por la megacorporación Seguritech, que ha firmado acuerdos con más de una docena de entidades gubernamentales en todo México. En 2018, la empresa recibió contratos sin licitación en al menos 10 estados y ciudades de México, lo que significa que pudo eludir el proceso de rendición de cuentas que exige a las empresas competir por los proyectos. 

Y cuando se trata de la Plataforma Centinela, la empresa no es simplemente un contratista: En realidad, tendrá la propiedad del proyecto, la Torre Centinela y todos sus activos relacionados, incluidas cámaras y drones, hasta agosto de 2027.

Al menos así lo informó el secretario de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, al medio Norte Digital, pero los términos del convenio entre Seguritech y la administración de Chihuahua no son públicos. El Comité de Transparencia de la SSPE decidió clasificar por cinco años la información "relativa a los procedimientos para la adquisición de insumos, bienes y tecnología necesarios para el desarrollo, implementación y operación de la Plataforma Centinela".

A pesar de la opacidad que rodea al proyecto, los periodistas han sacado a la luz algunas informaciones sobre el plan de inversión. Según declaraciones de funcionarios del gobierno, la Plataforma Centinela costará 4.200 millones de pesos, y la administración de Chihuahua pagará cuotas periódicas a la empresa cada tres meses (la gobernadora de Chihuahua había dicho anteriormente que se trataría de pagos anuales por un importe de 700 millones a 1.000 millones de pesos al año). Según los informes de prensa, cuando se completen los pagos en 2027, se espera que la propiedad de los activos y la infraestructura de la plataforma pase de Seguritech al estado de Chihuahua.

El proyecto Plataforma Centinela marca un nuevo pináculo en la trayectoria de Seguritech como contratista mexicano de seguridad. Fundada en 1995 como una pequeña empresa de venta de alarmas vecinales, SeguriTech Privada S.A de C.V. se convirtió en una marca altamente rentable, y actualmente opera en cinco áreas: seguridad, defensa, telecomunicaciones, aeronáutica y construcción. De acuerdo con Zeta Tijuana, Seguritech también asegura contratos a través de sus empresas afiliadas, incluyendo Comunicación Segura (enfocada en telecomunicaciones y seguridad) y Picorp S.A. de C.V. (enfocada en arquitectura y construcción, incluyendo prisiones y centros de detención). Zeta también identificó a otra empresa de SecuriTech, Tres10 de C.V., como el contratista nombrado en varios proyectos del C5i.

Reportajes exhaustivos de medios mexicanos como Proceso, Zeta Tijuana, Norte Digital y Zona Free pintan un cuadro inquietante de las actividades de Seguritech a lo largo de los años.

La guerra del expresidente Felipe Calderón contra el narcotráfico, iniciada durante su mandato de 2006 a 2012, marcó un importante punto de inflexión para la vigilancia en México. Como informó Proceso, Seguritech comenzó a obtener importantes contratos gubernamentales a partir de 2007, recibiendo su primer acuerdo de mil millones de pesos en 2011 con el gobierno del estado de Sinaloa. En 2013, evitando el proceso de licitación, la empresa aseguró un contrato de 6 mil millones de pesos asignado por Eruviel Ávila, entonces gobernador del estado de México (o Edomex, no confundir con el país de México). Durante los años de Enrique Peña Nieto como gobernador de Edomex y, sobre todo después, como presidente de México, Seguritech afianzó su estatus entre los principales contratistas tecnológicos de México.

De acuerdo con Zeta Tijuana, durante el sexenio de Peña Nieto (2012-2018), la empresa acaparó los contratos de los principales proyectos de vigilancia e inteligencia del país, específicamente los centros C5i. Como escribe Zeta Tijuana:

"Más de 10 unidades del C5i fueron inauguradas o se empezaron a construir en el sexenio de Peña Nieto. Las entidades federativas comprometieron presupuestos millonarios en medio de la opacidad, violentaron procesos parlamentarios y requisitos administrativos. Se autorizaba la compra de equipo tecnológico obsoleto a sobreprecio, ocultando información pretextando la protección de la seguridad nacional."

Zeta Tijuana cita además registros del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial que muestran que Seguritech registró el término "C5i" como marca propia, un aparente intento de dificultar a otros contratistas de vigilancia la prestación de servicios con ese nombre al gobierno.

A pesar de las promesas de los funcionarios del gobierno de que estas enormes inversiones en vigilancia mejorarían la seguridad pública, el número de muertes violentas en el país aumentó durante el mandato de Peña Nieto.  

"Lo que más pasma es la ineficacia del sistema Seguritech", afirma Quintana, portavoz del FPCDDH. Según su análisis, Quintana afirma: "En cinco de los seis estados donde Seguritech celebró contratos y operó servicios de seguridad, el índice delictivo anual se disparó en proporciones que van desde un 11% hasta un 85%."

Seguritech también ha sido criticada por precios inflados, fallos técnicos y despliegue de equipos obsoletos. Según Norte Digital, sólo 17% de las cámaras de vigilancia funcionaban al término del contrato de la empresa con el gobierno del estado de Sinaloa. Proceso señala el aumento de quejas por el mal funcionamiento de las cámaras en la Delegación Cuauhtémoc (alcaldía de la Ciudad de México) en 2016. Zeta Tijuana informó sobre el monto desproporcionado que cobró la empresa por instalar 200 cámaras obsoletas de 2 megapixeles en 2018.

El historial de Seguritech dio lugar a denuncias formales y casos judiciales contra la empresa. La empresa ha respondido a esta atención negativa contratando servicios para retirar y censurar historias críticas sobre sus actividades publicadas en línea, según informes de investigación publicados en el marco del proyecto Fobidden Stories de la Red Mundial de Periodismo de Investigación.  

Sin embargo, nada de esta información disuadió a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de cerrar un nuevo contrato sin licitación con Seguritech para desarrollar el proyecto de la Plataforma Centinela.

Colaboración transfronteriza

El proyecto Plataforma Centinela representa una preocupante escalada en las alianzas transfronterizas entre estados, que excluye a los respectivos gobiernos federales de cada nación. En abril de 2022, los estados de Texas y Chihuahua firmaron un memorando de entendimiento para colaborar en la reducción de "la trata de personas y el contrabando de fentanilo y otras drogas mortales de los cárteles" y para "detener el flujo de migrantes de más de 100 países que entran ilegalmente en Texas a través de Chihuahua."

Aunque gran parte del acuerdo se centra en la carga en los puntos de entrada, el documento también menciona específicamente las diversas tecnologías que componen la Plataforma Centinela. En los anexos del acuerdo, el Gobernador Campos promete que Chihuahua está "dispuesto a compartir esa información con las autoridades del Estado de Texas y los socios comerciales directamente."  

Durante una rueda de prensa en la que anunció el Memorándum de Entendimiento, el gobernador Abbot declaró: "El gobernador Campos me ha proporcionado el mejor plan de seguridad fronteriza que he visto de ningún gobernador de México". Mostró un esquema de tres páginas y una diapositiva, que también se facilitaron al público, pero también hizo referencia a la existencia de "un memorando detallado mucho más extenso que explica con matices" todos los aspectos del programa.

Abbott leyó a continuación un resumen de la Plataforma Centinela y añadió: "Es una demostración de compromiso de una gobernadora fuerte que está trabajando en colaboración con el estado de Texas".

Luego Campos, en respuesta a la pregunta de un reportero, añadió: "Estamos hablando de compartir información e inteligencia entre estados, lo que significa que el estado de Texas tendrá ojos en este lado de la frontera." Añadió que los datos recogidos a través de la Plataforma Centinela serán analizados tanto por el estado de Chihuahua como por el de Texas.

Abbott dio un ejemplo de cómo funcionará la colaboración: Identificaremos los puntos críticos en los que habrá un aumento en el número de migrantes que aparecen porque es un lugar elegido por los cárteles para tratar de poner a la gente a través de la frontera en ese lugar en particular". Los funcionarios de Chihuahua trabajarán en colaboración con el Departamento de Seguridad Pública de Texas, donde el DPS ha identificado ese punto caliente y el lado de Chihuahua trabajará desde el punto de vista de la aplicación de la ley para interrumpir ese punto caliente."

Para obtener más información sobre el alcance del proyecto, la EFF envió solicitudes de registros públicos a varios organismos de Texas, entre ellos la Oficina del Gobernador, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, la Oficina del Fiscal General de Texas, el Sheriff del Condado de El Paso y el Departamento de Policía de El Paso. Ninguno de los organismos presentó documentos relacionados con el proyecto Plataforma Centinela.

Mientras tanto, Texas está reforzando aún más sus esfuerzos para utilizar la tecnología en la frontera, incluso mediante la promulgación de nuevas leyes que permiten formalmente a la Guardia Nacional de Texas y a la Guardia Estatal desplegar drones en la frontera y autorizar al gobernador a entrar en pactos con otros estados para compartir inteligencia y recursos para construir "un sistema de vigilancia tecnológica integral" en tierras estatales para disuadir la actividad ilegal en la frontera. Además del memorando de entendimiento con Chihuahua, Abbott también firmó acuerdos similares con los estados de Nuevo León y Coahuila en 2022.

Dos caras, una frontera

La Plataforma Centinela tiene un enorme potencial para vulnerar los derechos de una de las mayores poblaciones transfronterizas de la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, mientras que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están deseosos de colaborar y de intercambiar datos, los esfuerzos de defensa de la vigilancia se limitan con demasiada frecuencia a sus respectivos bandos.  

La prensa en español de México ha dedicado importantes recursos a investigar la Plataforma Centinela y a dar la voz de alarma por su falta de transparencia y rendición de cuentas, así como por su potencial de corrupción. Sin embargo, el proyecto no ha recibido prácticamente ninguna atención o escrutinio en Estados Unidos.  

La lucha contra la vigilancia de las comunidades transfronterizas requiere esfuerzos transfronterizos. La EFF apoya los esfuerzos de los grupos de defensa en Ciudad Juárez y otras regiones de Chihuahua para exponer los errores que el gobierno de Chihuahua está cometiendo con la Plataforma Centinela y denunciar su gigantesco enfoque de vigilancia por no abordar los problemas sociales de raíz. También aplaudimos los esfuerzos de los periodistas locales por exigir responsabilidades al gobierno. Sin embargo, los periodistas, activistas y responsables políticos de Estados Unidos -muchos de los cuales han hecho un excelente trabajo criticando el llamado muro virtual de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza- también deben prestar atención a la vigilancia masiva que se está acumulando en el lado mexicano.  

En realidad, no hay vigilancia mexicana y vigilancia estadounidense. Es un monstruo de vigilancia masiva que, irónicamente, en nombre de la vigilancia fronteriza, no reconoce fronteras.