Este post ha sido redactado por la becaria jurídica de la FEP Alissa Johnson.
La EFF firmó un amicus curiae redactado por la Asociación Nacional de Abogados Defensores Penalistas a principios de este mes, en el que se solicita al Tribunal Supremo de Oregón que revise el caso State v. Simons, un caso de vigilancia policial de más de un año de actividad privada en Internet. Pedimos que el Tribunal se una al Noveno Circuito en el reconocimiento de que las personas tienen una expectativa razonable de privacidad en sus historiales de navegación, y que marcar una casilla para acceder a Wi-Fi público no renuncia a los derechos de la Cuarta Enmienda.
El Sr. Simons fue condenado por descargar pornografía infantil después de que la policía capturara sin orden judicial su historial de navegación en la red Wi-Fi pública de un restaurante A&W, a la que accedía desde su casa, al otro lado de la calle. La red no estaba protegida con contraseña, pero exigía a los usuarios que aceptaran una política de uso aceptable, en la que se indicaba que, aunque la actividad en la red no se vigilaría activamente en circunstancias normales, A&W "podría cooperar con las autoridades legales." Un consultor privado contratado por el restaurante observó que un dispositivo de la red accedía a sitios de pornografía infantil y entregó a las fuerzas de seguridad los registros de toda la actividad en Internet no cifrada del dispositivo, tanto ilegal como benigna.
El Tribunal de Apelación afirmó que el Sr. Simons no tenía ninguna expectativa razonable de privacidad en su historial de navegación en la red Wi-Fi gratuita de A&W. No estamos de acuerdo.
El historial de navegación revela algunos de los datos personales más delicados que existen, las mismas intimidades de la vida para cuya protección se diseñó la Cuarta Enmienda. Puede permitir a la policía descubrir la afiliación política y religiosa, el historial médico, la orientación sexual o el estatus migratorio, entre otros detalles personales. Los usuarios de Internet saben cuánta de su información privada queda expuesta a través de los datos de navegación, toman medidas para protegerla y esperan que siga siendo privada.
Los tribunales también han reconocido que el historial de navegación ofrece una imagen extraordinariamente detallada de la vida privada de una persona. En el caso Riley contra California, el Tribunal Supremo citó el historial de navegación como ejemplo de la información profundamente privada que puede encontrarse en un teléfono móvil. El Noveno Circuito fue un paso más allá al sostener que las personas tienen una expectativa razonable de privacidad en sus historiales de navegación.
La expectativa de privacidad de las personas en el historial de navegación no desaparece al pulsar "Acepto" en una larga lista de condiciones de servicio para acceder a una red Wi-Fi pública. Las empresas privadas que vigilan la actividad en Internet para proteger sus intereses comerciales no autorizan al gobierno a eludir el requisito de una orden judicial ni a renunciar a derechos constitucionales.
El precio de la participación en la sociedad pública no puede ser la pérdida de los derechos de la Cuarta Enmienda a estar libres de una infracción gubernamental irrazonable de nuestra intimidad. Como señaló el Tribunal Supremo en Carpenter contra Estados Unidos, "una persona no renuncia a toda la protección de la Cuarta Enmienda por aventurarse en la esfera pública". Las personas no pueden negociar las condiciones en las que utilizan la Wi-Fi pública y, en la práctica, no tienen más remedio que aceptar las condiciones dictadas por el proveedor de la red.
La afirmación del Tribunal de Apelación de Oregón de que el acceso a la Wi-Fi pública es conveniente pero no necesario para participar en la vida moderna ignora desigualdades bien documentadas en el acceso a Internet a través de raza y clase. Los derechos de la Cuarta Enmienda son para todos, no sólo para quienes tienen residencias privadas y un presupuesto para Wi-Fi.
Permitir que las condiciones de servicio de las empresas privadas dicten nuestros derechos constitucionales amenaza con convertir la Cuarta Enmienda en una "colcha de locos", como señaló el Tribunal Supremo de EE.UU. en Smith contra Maryland. Vincular la protección constitucional a las disposiciones contractuales de partes privadas es absurdo e impracticable. Casi todos nosotros dependemos del Wi-Fi fuera de nuestros hogares, y ese acceso debería estar protegido contra la vigilancia gubernamental.
Esperamos que el Tribunal Supremo de Oregón acepte la petición de revisión del Sr. Simons para abordar las importantes cuestiones constitucionales que están en juego en este caso.
