Un oficial de alto rango del FBI está animando a los empleados a seguir investigando sin una orden judicial a los estadounidenses mediante un programa de vigilancia enfocado en las comunicaciones en el extranjero, en un esfuerzo por justificar los poderes de espionaje de la agencia, de acuerdo con un email interno obtenido por WIRED.
Conocido como Sección 702, el programa es controvertido por haber sido usado indebidamente por el FBI para perseguir a manifestantes estadounidenses, periodistas e incluso a un miembro en activo del Congreso de EE UU. No obstante, los legisladores de ese país votaron en abril a favor de extender el programa dos años más, codificando al mismo tiempo una serie de procedimientos que, según el FBI, sirven para poner fin a los abusos.
La postura del FBI sobre el programa de vigilancia en EE UU
Obtenido por WIRED, un correo electrónico del 20 de abril enviado por el director adjunto del FBI, Paul Abbate, a los empleados estipula: “Para seguir demostrando por qué herramientas como esta son esenciales en nuestra misión, tenemos que utilizarlas, a la vez que nos responsabilizamos de hacerlo correctamente y cumpliendo los requisitos legales”.
Abbate añadió: “Insto a todos a que sigan buscando formas de usar adecuadamente las consultas sobre personas estadounidenses para hacer avanzar la misión, con la confianza adicional de que este nuevo requisito de aprobación previa ayudará a garantizar que esas revisiones cumplen plenamente la ley”.
Zoe Lofgren, representante estadounidense y demócrata por California señala que “el correo electrónico del subdirector parece demostrar que el FBI está impulsando activamente una mayor vigilancia de los estadounidenses, no por necesidad, sino por defecto. Esto contradice directamente anteriores aseveraciones del FBI durante el debate sobre la reautorización de la Sección 702”.
Tras la difusión, Susan McKee, vocera del FBI, facilitó una declaración de la oficina que tergiversaba la información de WIRED, sosteniendo de forma imprecisa que “alegaba que el FBI había dado instrucciones a sus empleados para que violaran la ley o las políticas del FBI”. El comunicado añadía que el email de Abbate “enfatizaba el reconocimiento por parte del Congreso de la importancia vital de la Sección 702 de la FISA [ o Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera] para proteger al pueblo estadounidense y se envió para asegurarse de que el personal del FBI fuera inmediatamente consciente de, y cumpliera, los cambios que la ley introdujo para mejorar la privacidad”.
Autorizado en virtud de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés), el programa 702 permite al gobierno contratar a empresas de Estados Unidos para que intercepten diversas comunicaciones, como llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y, posiblemente, otras formas de mensajería, sin necesitar una orden de registro. El requisito clave del programa es que por lo menos uno de los destinatarios (la persona “objetivo”) sea extranjero y se crea razonablemente que se encuentra en algún lugar que no sea suelo estadounidense.
En una declaración ante el Congreso de EE UU el año pasado, Christopher Wray, director del FBI, subrayó que el objetivo de la agencia era “reducir drásticamente” el número de veces que sus agentes buscaban en la base de datos 702 información sobre los estadounidenses.
La frecuencia con la que el FBI consulta los números de teléfono o cuentas de correo electrónico de estadounidenses en la base de datos 702 es confusa. El FBI empezó a informar públicamente de esta cifra en 2021, dando a conocer el número total de ocasiones en que se realizaron estas búsquedas. Esa cantidad era de 2.9 millones. Desde entonces, el FBI “actualizó su metodología de recuento” para considerar solo las consultas únicas; por ejemplo, revisar el mismo número de teléfono en la base de datos varias veces al año cuenta ahora como una única búsqueda. Como resultado, al menos en parte, la cifra descendió a 119,383 al año siguiente. En 2023, con directrices más estrictas, se redujo aún más, a 57,094.
El año pasado, una inspección del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) concluyó que la tasa de cumplimiento del FBI rondaba el 98%, una cifra que Wray y otros oficiales de la agencia han pregonado con frecuencia en defensa del programa. Sin conocer el número exacto de consultas, es imposible calcular el número de búsquedas que incumplen las normas. Como mínimo, el FBI realizó más de mil búsquedas infringiendo sus propias políticas, que actualmente son obligatorias. Con su nuevo sistema de recuento, la cifra quizá sea mucho mayor. Solo el DOJ lo sabe.
En una declaración a principios de este año, el FBI afirmó que muchos de estos errores son el resultado de que sus empleados no etiquetan si una búsqueda, de hecho, tiene como objetivo a una “persona estadounidense”.
Aunque ha sido ampliamente criticado por los defensores de la privacidad y las libertades civiles, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE UU organizó una fiesta el miércoles por la noche para celebrar la reciente extensión del programa de vigilancia 702, según informan varias fuentes a WIRED.
Mike Turner, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, y Jim Himes, miembro de mayor rango, enviaron invitaciones para anunciar una “celebración bipartidista” de la continuación del programa 702 la semana pasada. El evento, que los legisladores llamaron “FISA Fest”, se celebró en una sala de recepciones del Capitolio el miércoles por la noche.
Un vocero del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes no respondió a una solicitud de comentarios.
Turner y Himes contribuyeron decisivamente a conservar el acceso sin una orden judicial del FBI a los datos del 702. En innumerables “sesiones informativas” realizadas desde octubre, ambos instaron a los miembros de sus respectivos partidos a evitar restringir demasiado la autoridad del FBI. En lugar de ello, ambos legisladores promovieron los nuevos procedimientos diseñados por la propia agencia como un baluarte suficiente contra nuevos abusos.
Ganando por poco esa batalla el mes pasado, Himes y Turner trabajaron para acabar con una enmienda que habría obligado a los empleados del FBI a obtener órdenes de registro antes de revisar las comunicaciones de los estadounidenses incluidos en el programa. La enmienda, a la que se oponía la Casa Blanca de Biden, fracasó en una votación empatada, 212-212. En su lugar, los procedimientos del FBI, que actualmente forman parte de la ley 702, exigen que los empleados “acepten” expresamente el acceso a las intervenciones de las telecomunicaciones. También deben pedir permiso a un abogado del FBI antes de realizar “consultas por lotes” de la base de datos. Y las investigaciones sobre las comunicaciones de funcionarios electos, periodistas, académicos y personalidades religiosas se consideran ahora “sensibles” y requieren la aprobación de las instancias superiores de la cadena de mando.
Un programa de vigilancia con límites poco claros
El Congreso de EE UU estableció la Sección 702 en 2008 para legitimar un programa de vigilancia existente dirigido por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) sin supervisión ni aprobación del mismo. El programa, con una delimitación más estricta en aquel momento, interceptaba comunicaciones que eran, al menos en parte, nacionales, pero incluían un objetivo que el gobierno consideraba un terrorista conocido. Al mismo tiempo que ponía la vigilancia bajo su autoridad, el Congreso ha contribuido a ampliar constantemente su alcance para abarcar una nueva serie de amenazas, desde la ciberdelincuencia y el tráfico de drogas hasta la proliferación de armas.
Aunque los defensores de la vigilancia de la Sección 702 suelen insinuar que los estadounidenses que son objeto de intervenciones se comunican con terroristas, una invención a la que el propio Turner dio crédito repetidamente este año, la acusación es dudosa. Oficialmente, la postura del Gobierno de Estados Unidos es que es imposible saber qué ciudadanos están siendo vigilados o incluso cuántos de ellos hay. El principal objetivo del programa 702 es adquirir “información de inteligencia extranjera”, término que abarca no solo el terrorismo y los actos de sabotaje, sino la información necesaria para que el gobierno lleve a cabo sus propios “asuntos exteriores”.
A los detractores de la vigilancia les preocupa que el abanico de posibles objetivos se extienda mucho más allá de lo que se describe en entornos no clasificados. No es controvertido sugerir que el gobierno estadounidense, como todos los gobiernos con poder para espiar, encuentra motivos para vigilar a aliados extranjeros, empresas e incluso medios de noticias. Mientras el objetivo sea extranjero, no tiene derecho a la privacidad.
Los límites del programa 702 siguen siendo confusos, incluso para los miembros del Congreso que insisten en que no debe restringirse más. Mark Warner, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, reconoció a los periodistas esta semana que el contenido de la Sección 702 debe “corregirse”, a pesar de que el mes pasado votó a favor de que se convirtiera en ley.
Los expertos en la FISA habían advertido durante meses que el nuevo contenido presentado por el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes es demasiado vago en la forma en que describe las categorías de empresas a las que el Gobierno de Estados Unidos puede obligar a intervenir las comunicaciones, y temían que este obtuviera la facultad de forzar a cualquier persona con acceso a las comunicaciones online de un objetivo a fisgonear en nombre de la NSA, entre ellos los trabajadores del sector informático y el personal de los centros de datos.
Un grupo empresarial que representa a Google, Amazon, IBM y Microsoft, entre otras de las mayores compañías tecnológicas del mundo, coincidió el mes pasado, argumentando que la nueva versión del programa de vigilancia amenaza con “ampliar drásticamente el alcance de las entidades y personas” sujetas a las órdenes de la Sección 702.
“Estamos trabajando en ello”, declaró Warner a The Record el lunes. “Estoy absolutamente comprometido a arreglarlo”, manifestó, sugiriendo que el mejor momento para hacerlo sería “en el próximo proyecto de ley de inteligencia”.
Artículo publicado originalmente en WIRED. Adaptado por Andrei Osornio.
