Durante el último año, la EFF ha estado haciendo sonar la alarma sobre la policía de California que comparte ilegalmente los datos de localización de los conductores con los estados antiabortistas, poniendo a los solicitantes y proveedores de aborto en riesgo de enjuiciamiento. Por lo tanto, aplaudimos al Gran Jurado del Condado de Sacramento por escuchar esta llamada e investigar a dos agencias de policía que habían estado compartiendo ilegalmente estos datos fuera del estado. 

El gran jurado, compuesto por 19 residentes encargados de supervisar la administración local, incluidas las fuerzas del orden, hizo público su informe de investigación el miércoles. En él, afirmaron que la Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento y el Departamento de Policía de Sacramento violaron la ley estatal y "se arriesgaron injustificadamente" a ayudar a la posible persecución de "mujeres que viajaron a California para buscar o recibir servicios sanitarios." 
 
En mayo de 2023, la EFF, junto con la Unión Americana de Libertades Civiles del Norte de California y la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California, enviaron cartas a 71 agencias de policía de California exigiendo que dejaran de compartir datos de lectores automáticos de matrículas (ALPR) con agencias policiales de otros estados. Esta información confidencial sobre la ubicación puede revelar dónde trabajan, viven, practican su religión y buscan atención médica las personas, incluidos los servicios de salud reproductiva. Desde que el Tribunal Supremo anuló la sentencia Roe contra Wade en el caso Dobbs contra la Organización de Salud de la Mujer Jackson, los datos de los lectores automáticos de matrículas han supuesto un riesgo especial para quienes solicitan o colaboran en abortos que han sido penalizados en sus estados de origen. 

Desde 2016, la ley de California prohíbe compartir datos ALPR con agencias policiales de otros estados o federales. A pesar de ello, docenas de agencias policiales de California han seguido compartiendo esta información con otros estados, incluso después de que el fiscal general del estado emitiera una guía legal en octubre "recordándoles" que debían dejar de hacerlo. 

En el condado de Sacramento, tanto la Oficina del Sheriff del condado como el Departamento de Policía de Sacramento han rechazado las peticiones de que empiecen a obedecer la ley. El año pasado, la Oficina del Sheriff llegó a afirmar en Twitter que las preocupaciones de la FEP formaban parte de "una agenda más amplia para promover la anarquía y evitar que los delincuentes rindan cuentas." Esa agencia, al menos, parece haber cambiado de opinión: El Gran Jurado del Condado de Sacramento informa de que, después de que empezaran a investigar las prácticas policiales, la Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento acordó dejar de compartir datos ALPR con agencias policiales de otros estados. 

Sin embargo, el Departamento de Policía de Sacramento ha seguido compartiendo datos ALPR con agencias de otros estados. En su informe, el gran jurado pide al departamento que cumpla las directrices legales del Fiscal General de California. El gran jurado también recomienda que todos los organismos policiales de Sacramento pongan a disposición del público sus políticas de ALPR en cumplimiento de la ley. 

Como señala el informe del gran jurado, la EFF y las filiales de la ACLU de California "fueron de las primeras" organizaciones en destacar que la policía del estado compartiera ilegalmente los datos del ALPR. Aunque nos alegramos de que muchos departamentos de policía hayan atendido desde entonces nuestras peticiones de que pusieran fin a esta práctica, seguimos comprometidos a llamar la atención y presionar a las agencias, como el Departamento de Policía de Sacramento, que no lo han hecho. En enero, por ejemplo, la EFF y la ACLU enviaron una carta instando al Fiscal General de California a hacer cumplir las leyes ALPR del estado. 

Durante casi una década, la EFF ha estado investigando y dando la voz de alarma sobre el intercambio masivo ilegal de datos ALPR por parte de las agencias policiales de California. El informe del gran jurado detalla lo que es solo el último de una serie de episodios en los que las agencias de Sacramento violaron la ley con ALPR. En diciembre de 2018, el Departamento de Asistencia Humana del Condado de Sacramento puso fin a su programa después de la presión pública resultante de la revelación de EFF de que la agencia estaba accediendo a datos ALPR en violación de la ley. Al año siguiente, EFF presionó con éxito a la legislatura estatal para que ordenara una auditoría de cuatro agencias, incluida la Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento, y cómo utilizan ALPR. El resultado fue un informe condenatorio en el que se indicaba que el sheriff no había cumplido muchos de los requisitos básicos de la ley estatal.