Esta es la Parte II de una serie en la que se examina la propuesta de Tratado de las Naciones Unidas sobre la Ciberdelincuencia en el contexto de las comunidades LGBTQ+. En la Parte I se examinan las posibles implicaciones del proyecto de Convenio para los derechos de las personas LGBTQ+. En la Parte II se examina más de cerca cómo las leyes sobre ciberdelincuencia podrían afectar específicamente a la comunidad LGBTQ+ y a los activistas de la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA).

En la era digital, los derechos de la comunidad LGBTQ+ de Oriente Medio y el Norte de África se ven gravemente amenazados por una legislación expansiva en materia de ciberdelincuencia y vigilancia. Esta realidad conduce a la supresión sistémica de las identidades LGBTQ+, obligando a las personas a autocensurarse por temor a graves represalias. Esta amenaza se acentúa aún más en países como Irán, donde las conductas homosexuales se castigan con la pena de muerte, y Egipto, donde el mero hecho de enarbolar una bandera con el arco iris puede llevar a la detención y la tortura.

La propuesta de Convención de la ONU sobre la Ciberdelincuencia. Si se ratifica en su estado actual, la convención no sólo podría reforzar los poderes de vigilancia nacional de ciertos países para investigar acciones que algunas naciones califican erróneamente de delitos, sino que también podría reforzar y validar la colaboración internacional basada en estos poderes. Este respaldo de la ONU podría sentar un peligroso precedente, autorizando medidas de vigilancia para actos que están en flagrante contradicción con la legislación internacional sobre derechos humanos. Y lo que es aún más preocupante, podría tentar a determinados países a formular o aumentar sus leyes penales restrictivas, deseosos de aprovechar la mayor cooperación transfronteriza en materia de vigilancia que ofrece el convenio propuesto.

El proyecto de convenio, en su artículo 35, permite que cada país defina sus propios delitos con arreglo a la legislación nacional cuando solicite ayuda a otras naciones para la vigilancia transfronteriza y la obtención de pruebas. En algunos países, muchas de estas leyes penales podrían basarse en juicios morales subjetivos que reprimen lo que se considera libre expresión en otras naciones, en lugar de adherirse a normas universalmente aceptadas.

De hecho, la cooperación internacional está permitida para los delitos que conllevan una pena de cuatro años de prisión o más; hay un movimiento preocupante en marcha para sugerir la reducción de este umbral a sólo tres años. Esto es aplicable tanto si el presunto delito es cibernético como si no. Tales disposiciones podrían dar lugar a una mayor vigilancia transfronteriza y a posibles repercusiones para las personas, llegando a la tortura o incluso a la pena de muerte en algunas jurisdicciones.

Aunque algunos países pueden creer que pueden sortear estos escollos no colaborando con países que tienen leyes controvertidas, esta confianza puede estar equivocada. El proyecto de tratado permite a los países rechazar una solicitud si la actividad en cuestión no es delito en su régimen interno (principio de "doble incriminación"). Sin embargo, dada la presión a la que está sometido actualmente el sistema MLAT, cada vez es más probable que las solicitudes, incluso las procedentes de países con leyes polémicas, se cuelen en los controles. Esto abre la puerta a que los países ayuden inadvertidamente en operaciones que podrían contradecir las normas mundiales de derechos humanos. Y cuando los países comparten los mismos valores subjetivos y penalizan problemáticamente la misma conducta, este proyecto de tratado parece justificar su cooperación.

Uno de los textos legislativos más recientes que ejemplifica estas cuestiones es la Ley de Ciberdelincuencia de 2023 de Jordania. Introducida como parte de las reformas de modernización del rey Abdullah II para aumentar la participación política en toda Jordania, esta ley se promulgó precipitadamente y sin un examen suficiente de sus aspectos legales, implicaciones sociales e impacto en los derechos humanos. Además de esta nueva ley, la ley de ciberdelincuencia preexistente en Jordania ya se ha utilizado contra las personas LGBTQ+, y esta nueva ley amplía su capacidad para hacerlo. Esta ley, con definiciones vagas y difusas, restringirá gravemente los derechos humanos individuales en todo el país y se convertirá en una herramienta para procesar a personas inocentes por su expresión en Internet.

 El artículo 13 de la ley jordana penaliza de forma expansiva un amplio conjunto de acciones relacionadas con contenidos en línea calificados de "pornográficos", desde su creación hasta su distribución. La ambigüedad en la definición de lo que es pornográfico podría suprimir inadvertidamente contenidos que simplemente expresan diversas sexualidades, considerándolos erróneamente inapropiados. Esto va más allá de regular el material explícito; puede suprimir expresiones genuinas de identidad. La pena por tales acciones conlleva un periodo no inferior a seis meses de prisión.

 Por otra parte, la nebulosa redacción del artículo 14 de las leyes jordanas -términos como "exponer la moral pública", "libertinaje" y "seducción"- es igualmente preocupante. Un lenguaje tan vago se presta a abusos que podrían frenar el contenido LGBTQ+ al asociar erróneamente la orientación sexual diversa con la inmoralidad. Ambos artículos, en su forma actual, arrojan sombras sobre la libertad de expresión y son claros recordatorios de que tales disposiciones pueden llevar a una vigilancia excesiva de contenidos en línea que no son perjudiciales en absoluto. Durante los debates sobre el proyecto de ley en el Parlamento jordano, algunos diputados afirmaron que la nueva ley de ciberdelincuencia podría utilizarse para criminalizar a las personas LGBTQ+ y los contenidos en línea. El líder adjunto de la oposición, Saleh al Armouti, fue más allá y afirmó que "Jordania se convertirá en una gran cárcel".

Además, la ley impone restricciones a la encriptación y al anonimato en las comunicaciones digitales, impidiendo a las personas salvaguardar sus derechos a la libertad de expresión y a la privacidad. El artículo 12 de la Ley de Ciberdelincuencia prohíbe el uso de redes privadas virtuales (VPN) y otros proxies, con penas de al menos seis meses de cárcel o multa por infracción.

Esto obligará a los jordanos a elegir entre expresarse libremente en Internet o mantener en privado su identidad personal. Más concretamente, esto afectará negativamente a las personas LGBTQ+ y a los defensores de los derechos humanos en Jordania, que dependen especialmente de las VPN y del anonimato para protegerse en Internet. El impacto del artículo 12 se ve exacerbado por el hecho de que en Jordania no existe una legislación exhaustiva sobre privacidad de datos que proteja los derechos de las personas durante los ciberataques y las violaciones de datos. 

 No es la primera vez que Jordania limita el acceso a información y contenidos en línea. En diciembre de 2022, las autoridades jordanas bloquearon TikTok para impedir la difusión de actualizaciones e información en directo durante las protestas de los trabajadores en el sur del país, y anteriormente las autoridades también habían bloqueado Clubhouse.

Esta represión de la libertad de expresión ha afectado especialmente a los periodistas, como la reciente detención de la periodista jordana Heba Abu Taha por criticar al rey de Jordania por sus conexiones con Israel. Dado que plataformas en línea como TikTok y Twitter son esenciales para que activistas, organizadores, periodistas y personas de todo el mundo digan la verdad al poder y luchen por la justicia social, las restricciones impuestas a la libertad de expresión por la nueva Ley de Ciberdelincuencia de Jordania tendrán un impacto perjudicial en el activismo político y la construcción de comunidades en todo el país.

Personas de toda Jordania han protestado contra la ley y la Unión Europea ha expresado su preocupación por cómo la ley podría limitar la libertad de expresión en línea y fuera de línea. En agosto, la EFF y otras 18 organizaciones de la sociedad civil escribieron al rey de Jordania pidiendo que se rechazara el proyecto de ley sobre ciberdelincuencia. Con la ley ya en vigor, instamos a Jordania a derogar la Ley de Ciberdelincuencia 2023.

Se ha dicho que la Ley de Ciberdelincuencia de Jordania es una "copia fiel" del Decreto Ley Federal nº 34 de 2021 de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) sobre la lucha contra los rumores y los delitos cibernéticos. Esta ley sustituyó a su predecesora, que se había utilizado para reprimir la expresión crítica con el gobierno o sus políticas, y se utilizó para condenar a 10 años de prisión al defensor de los derechos humanos Ahmed Mansoor.

La nueva ley sobre ciberdelincuencia de EAU restringe aún más el espacio en línea, ya de por sí muy vigilado, y dificulta a los ciudadanos de a pie, así como a periodistas y activistas, el intercambio de información en línea. Más concretamente, el artículo 22 establece penas de prisión de entre tres y 15 años para quienes utilicen Internet para compartir "información cuya publicación o difusión no esté autorizada y pueda perjudicar los intereses del Estado o dañar su reputación, estatura o estatus".

 En septiembre de 2022, Túnez aprobó su nueva ley sobre ciberdelincuencia en el Decreto Ley nº 54 sobre "lucha contra los delitos relacionados con los sistemas de información y comunicación". Este decreto de amplio alcance se ha utilizado para reprimir la libertad de expresión de la oposición, y establece penas de cinco años de prisión y multa por la difusión de "noticias falsas" o información que atente contra la "seguridad pública." En el año transcurrido desde la promulgación del Decreto Ley 54, las autoridades tunecinas han procesado a medios de comunicación y a particulares por su oposición a políticas o funcionarios del gobierno.

 La primera investigación penal realizada en virtud del Decreto Ley 54 fue la detención del estudiante Ahmed Hamada en octubre de 2022 por gestionar una página de Facebook que informaba sobre enfrentamientos entre las fuerzas del orden y residentes de un barrio de Túnez.

 Se están utilizando tácticas similares en Egipto, donde la ley de ciberdelincuencia de 2018, la Ley n.º 175/2018, contiene disposiciones amplias y vagas para silenciar la disidencia, restringir los derechos de privacidad y atacar a las personas LGBTQ+. Más específicamente, los artículos 25 y 26 han sido utilizados por las autoridades para reprimir el contenido que supuestamente viola los "valores familiares."

 Desde su promulgación, estas disposiciones también se han utilizado para perseguir a personas LGBTQ+ en todo Egipto, sobre todo en lo que respecta a la publicación o envío de pornografía, según el artículo 8, así como al acceso ilegal a una red de información, según el artículo 3. Por ejemplo, en marzo de 2022 un tribunal egipcio acusó a los cantantes Omar Kamal y Hamo Beeka de "violar los valores familiares" por bailar y cantar en un vídeo subido a YouTube. En otro ejemplo, la policía ha utilizado la legislación sobre ciberdelincuencia para procesar a personas LGBTQ+ por utilizar aplicaciones de citas como Grindr.

 Y en Arabia Saudí, las autoridades nacionales han utilizado la normativa sobre ciberdelincuencia y la legislación antiterrorista para perseguir el activismo en línea y reprimir las opiniones disidentes. Entre 2011 y 2015, al menos 39 personas fueron encarceladas bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo por expresarse en línea: por escribir un tuit, darle a me gusta a una publicación de Facebook o escribir un artículo en un blog. Y aunque Arabia Saudí no tiene una ley específica sobre identidad de género y orientación sexual, las autoridades han utilizado la Ley contra la Ciberdelincuencia de 2007 para penalizar contenidos y actividades en línea que se consideran contrarios al "orden público, los valores religiosos, la moral pública y la privacidad".

 Estas disposiciones se han utilizado para procesar a personas por acciones pacíficas, sobre todo desde la Primavera Árabe de 2011. Más recientemente, en agosto de 2022, Salma al-Shehab fue condenada a 34 años de prisión con la consiguiente prohibición de viajar durante 34 años por su presunto "delito" de compartir contenidos en apoyo de presos de conciencia y defensoras de los derechos humanos.

Estas leyes sobre ciberdelincuencia demuestran que, si la propuesta de Convención de la ONU sobre Ciberdelincuencia se ratifica en su forma actual con su amplio alcance, autorizaría la vigilancia nacional para la investigación de cualquier delito, como los de los artículos 12, 13 y 14 de la ley jordana. Además, el convenio podría autorizar la cooperación internacional para la investigación de delitos castigados con tres o cuatro años de prisión, como ocurre en países como EAU, Túnez, Egipto y Arabia Saudí.

Como advirtió Canadá (en el minuto 01:56 ) en la reciente sesión de negociación, estas disposiciones expansivas de la Convención permiten a los Estados definir y ampliar unilateralmente el alcance de las conductas delictivas, allanando potencialmente el camino para el abuso y la represión transnacional. Aunque la Convención puede incorporar algunas salvaguardias procesales, su amplio alcance plantea profundas dudas sobre su compatibilidad con los principios fundamentales de la legislación sobre derechos humanos y los principios consagrados en la Carta de la ONU.

El problema de fondo no radica en la severidad de las penas, sino en el hecho de que algunos países penalizan conductas y expresiones que están protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos y la Carta de la ONU. Esto es alarmante, dado que numerosas leyes que afectan a la comunidad LGBTQ+ conllevan penas dentro de estos rangos, lo que hace que el potencial de uso indebido de dicha cooperación sea profundo.

 En pocas palabras, el tratado de la ONU propuesto amplifica las amenazas existentes para la comunidad LGBTQ+. Aprueba un marco en el que los países pueden vigilar actividades benignas como compartir contenidos LGBTQ+, lo que puede intensificar la ya precaria situación de esta comunidad en muchas regiones.

En línea, la falta de protección jurídica de los datos de los abonados amenaza el anonimato de la comunidad, haciéndola vulnerable a la identificación y posterior persecución. El mero hecho de participar en comunidades virtuales, compartir anécdotas personales o expresar abiertamente sus relaciones sentimentales puede dar lugar a que se revele su identidad, poniéndolos en grave peligro.

 Fuera de Internet, las implicaciones se intensifican con una mayor indecisión a la hora de participar en actos públicos, exhibir símbolos LGBTQ+ o incluso llevar a cabo actividades cotidianas que puedan revelar su identidad. La posibilidad de que el proyecto de convenio refuerce las capacidades de vigilancia digital significa que incluso las comunicaciones privadas, como las conversaciones sobre relaciones homosexuales o los planes de reuniones LGBTQ+, podrían ser interceptadas y volverse en su contra.

A todos los Estados miembros: Este es un momento crucial. Es nuestra oportunidad de garantizar un futuro digital en el que se defiendan los derechos y no se pongan en peligro. Comprométanse a proteger los derechos de todos, especialmente de las comunidades más vulnerables, como la LGBTQ+. La comunidad internacional debe unirse en su compromiso de garantizar que la convención propuesta sirva como instrumento de protección, no de persecución.